Make your own free website on Tripod.com

 

 

Despacho de la Ministra                                                                                                  FOLIO   235

no 2532.

                                                                                                        Caracas, 18 QCT 2002

         192° y 143°

RESOLUCIÓN 

I

En fecha 18 de julio del 2.002. el ciudadano JOSÉ ANTONIO PLASCENCIA, titular de la Cédula de Identidad No 6.144.399, procediendo en su propio nombre y con el carácter de Presidente del Colegio Nacional de Bomberos de Venezuela, recurrió ante este Despacho y consignó escrito fechado 17 del mismo mes y año, en el cual solicitó a este Ministerio del Trabajo declarar lo siguiente:

PRIMERO: Que en Venezuela los Bomberos tienen un régimen análogo al de los cuerpos policiales que expresamente están excluidos de la aplicación del régimen laboral, por ello los funcionarios de los Cuerpos de Bomberos están impedidos de participar en actividades sindicales por no ser compatibles con lo que es su función natural.

SEGUNDO: Que REVOQUE la inscripción de la ASOCIACIÓN SINDICAL NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS PROFESIONALES, CONEXOS Y AFINES DE VENEZUELA (ASINBOMPROVEN), por ser contraria a la regulación constitucional de los Cuerpos de Bomberos en Venezuela.                                            

TERCERO: Que en aplicación de los alegatos antes presentados, este Ministerio rechace en lo sucesivo cualquier solicitud de registro de organizaciones sindicales integrada por funcionarios bomberos y disuelva las organizaciones sindicales preexistentes  por ser contrarias al contenido expreso de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico vigente. (Negrillas del Despacho).

    El solicitante fundamentó su petición en lo previsto en los artículos 7 y 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 55 y 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 22 y 23 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; 2 del Decreto con Fuerza de Ley de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y de Administración de Emergencias de Carácter Civil; y el artículo 7 de la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana-

    Además de las normas invocadas, el recurrente incluyó en el texto de su escrito, un aparte titulado "Legislación Aplicable a los Cuerpos de Bomberos de Venezuela", en el cual invoca el artículo 9 del Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección al Derecho de Sindicación, así como el artículo 5 del Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva. Sobre tales Convenios señala lo siguiente: "Es importante destacar que a pesar de que las normas in comento no se refieren específicamente a tos bomberos, en el ámbito nacional, los cuerpos de bomberos tienen el mismo régimen regulatorio de los policías, tal y como lo dispone la propia Constitución y demás normas relacionadas con la seguridad ciudadana."

Por otra parte, índica el recurrente:

    "En el ámbito nacional existen 97 Cuerpos de Bomberos, dependientes de Municipios.  Estados,  Universidades Nacionales y del Misterio de Infraestructura,  De conformidad con el artículo 55 de nuestra ley, a su vez, estos cuerpos de bomberos se componen de bomberos de las categorías de bomberos de carrera permanente, bomberos voluntarios,    bomberos   asimilados   y    bomberos universitarios" (...) "sólo las categorías de bomberos de carrera permanente y de bomberos asimilados, prestan servicios remunerados al Estado, mientras que los bomberos universitarios y los voluntarios de carrera no, por lo cual, no todos los bomberos en Venezuela son trabajadores a la luz de la Ley Orgánica del Trabajo, ni se encuentran investido (sic) del mismo régimen de protección, y por ende tan poco (sic) podrían adscribirse a ninguna organización sindical".

    A partir de lo anterior, y de forma progresiva, varios Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, representados por los Comandantes Generales de los Estados Guaneo, Sucre, Monagas, Trujillo, Mérida, Bolívar, Zulía, Aragua, Falcón, Táchira, Amazonas y Distrito Capital» proceden a consignar ante el Ministerio del Trabajo -Despacho de la Ministro- escritos de adhesión al planteamiento presentado por el ciudadano JOSÉ ANTONIO PLASCENCIA, en su carácter de Presidente Colegio Nacional de Bomberos, que solicita la revocatoria del registro de la referida organización sindical.  

II

    Este Despacho Ministerial, de conformidad con los argumentos antes esgrimidos, pasa a pronunciarse en los términos siguientes:

PRIMERO: Partiendo del primer planteamiento que hiciere el Colegio Nacional de Bomberos en su escrito, referido a que  " ...el Estado Venezolano ha equiparado la función de los Cuerpos de Bomberos con las que realizan las Policías o las Fuerzas Armadas.." (sic)., y que por tanto debe sostenerse que el régimen jurídico aplicable a los primeros debe entenderse como el mismo aplicable a los segundos, este Despacho considera que la anterior afirmación, se perfila apriorística en cuanto al enlace de ideas que conducen a tal aseveración, y carece de base jurídica y construcción lógica, visto que deriva de una interpretación superficial, dejando, en consecuencia, a un lado la importante consideración del contexto-realidad en el cual se desarrolla, al imponerse la idea genérica de que como en el artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los Cuerpos de Bomberos se encuentran incluidos en la lista de los denominados "órganos de seguridad ciudadana" -capítulo éste, que a su vez se ubica dentro del título referido a la Seguridad y Defensa de la Nación-, entonces indefectiblemente deberá considerarse que el Estado Venezolano, "reconoce" una suerte de tratamiento analógico a estos Cuerpos de Seguridad, con respecto a los Cuerpos Militares y Policiales.

    Por otra parte, alegado, como también fue por el Colegio Nacional de Bomberos, el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se observa que en la parte final de la norma, el legislador prevé una reserva legal en lo que refiere al uso de armas y sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad. Si se articula el mandato constitucional con el instrumento jurídico que rige la materia especial referida a la actividad de los bomberos, encontraremos que el Decreto No 1.533 con Fuerza de Ley de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, no prevé regulación alguna en el uso de armas para el desempeño de las funciones de bomberos, lo cual resulta definitivamente importante, a la hora de destacar que esta actividad de seguridad se aparta de la idea de CUERPO ARMADO que recoge el artículo 7° de la Ley Orgánica del Trabajo, cuando contempla el supuesto de excepción de aplicación de las normas allí previstas, y señala de manera expresa lo que debe entenderse por CUERPO ARMADO, tomando como tales a aquellos que integran las Fuerzas Armadas Nacionales, los servicios policiales y los demás vinculados a la defensa y a la seguridad de la nación y al mantenimiento de orden público.

    Lo anterior adquiere relevancia, si se combina con la idea de que ciertamente puede entenderse que un Cuerpo de Bomberos no forma parte de las Fuerzas Armadas Nacionales, ni constituye un órgano policial; tampoco ejerce acciones o planes de defensa, ni interviene en acciones para el mantenimiento del orden público. Un cuerpo de bomberos atiende más bien a la prestación de auxilio, control y prevención de situaciones que atenían contra la seguridad} de la sociedad civil, para todo lo cual no requiere de la dotación de armas para llevar a cabo sus funciones. Y así, al no clasificar dentro de la categoría de cuerpo armado establecida en el precitado artículo de la Ley Orgánica del Trabajo, mal puede ser sujeto pasivo de la regulación especial que allí se contempla.

    Ahora bién, en cuanto al tratamiento legal que se plantea en los Convenios Internacionales suscritos por Venezuela con la Organización Internacional del Trabajo (Convenios No 87 y 98), la regulación se inclina de manera expresa y particular a las fuerzas armadas y a la policía, por lo que con ello se evidencia, otro elemento referencial en materia jurídica, que reafirma el espíritu legislativo de diferenciar entre estos cuerpos de seguridad (en su acepción de fuerzas policiales y armadas) y los cuerpos de bomberos.

    Finalmente, el Decreto 1.533 con Fuerza de Ley de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, publicado en G.O. No 5.554. de fecha 13/11/2001, establece en su artículo 2°, que los cuerpos de bomberos se regirán por las normas contempladas en dicho instrumento legal, su reglamento; "...así como por las demás leyes, que les sean aplicables", dejando abierta una reserva legal, que puede interpretarse entre otros supuestos, como el régimen jurídico recogido en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, por tratarse de una ley sustantiva de carácter especial que regula la materia laboral, y que no establece excepción, como se ha visto, en cuanto a su aplicación para el régimen que corresponde a los cuerpos de bomberos.

    Como conclusión, queda en evidencia que las prohibiciones al ejercicio de las libertades sindicales y a la negociación colectiva voluntaria, a tenor de los Convenios Nos. 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), sólo proceden de forma exclusiva, para los casos de los miembros de las fuerzas armadas y policías; y a menos que para el caso de los cuerpos de bomberos, dicha prohibición, se encuentre expresamente establecida en la Constitución y en legislación nacional, será posible admitir que éstos, como categoría especial de trabajadores, perteneciente a los órganos de seguridad ciudadana, quedan excluidos del disfrute del derecho de libertad sindical y de negociación colectiva, porque en principio, tal prohibición, se corresponde con lo que el artículo 7 de la Ley Orgánica del Trabajo denomina  "cuerpos armados", los cuales se encuentran directamente relacionados con la defensa de la Nación, la seguridad de la misma y el mantenimiento del orden público. En consecuencia, por argumento en contrario, los miembros de los Cuerpos de Bomberos y de Administración de Emergencias de Carácter Civil, no se homologan, ni equiparan a "cuerpos armados" y, por tanto, se encuentran al margen de la prohibición prevista en el artículo 7 de la referida ley.

En razón de todo lo anterior, considera este Despacho que pasar a equiparar la naturaleza de la actividad bomberil a la función policial y/o militar, constituye una valoración desligada del contexto que se plantea en la Constitución y en los Convenios Internacionales suscritos por Venezuela con la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), en virtud de que a pesar de que los Cuerpos de Bomberos son considerados, "órganos de seguridad ciudadana", no obstante, devienen una naturaleza especial por no pertenecer a los llamados "cuerpos armados", y ello obliga a un tratamiento distinto en el ámbito jurídico-legal. Así se decide.

SEGUNDO: Pasando entonces a la segunda pretensión expuesta por el Colegio Nacional de Bomberos, referida a la solicitud de Revocatoria por parte del Ministerio del Trabajo del Registro del Sindicato ASOCIACIÓN SINDICAL   NACIONAL   DE   BOMBEROS   Y   BOMBERAS PROFESIONALES,  CONEXOS Y AFINES DE  VENEZUELA (ASINBOMPROVEN), resulta pertinente citar el contenido del artículo 462 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual expresa;

"Ninguna autoridad administrativa podrá ordenar la disolución de un sindicato. Cuando existan razones suficientes, los interesados en la disolución de un sindicato podrán solicitarla ante el juez de Primera Instancia del Trabajo de la jurisdicción. La decisión de éste podrá apelarse para ante el Juez Superior del Trabajo.

La decisión definitivamente firme que ordene la disolución de una organización sindical se notificará al Ministerio del ramo a efecto de que se haga la cancelación de un registro", (Subrayado nuestro).

 

    En este mismo sentido el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivaríana de Venezuela, hace referencia a la incompetencia de los órganos de la Administración para suspender o disolver organizaciones sindicales cuando establece:

"Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente tas organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses... (omissis)... Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa".'

    Lo anterior también queda ratificado en el contenido del articulo 4° de Convenio No 87 Sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, el cual señala que: "Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa".

    Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció en Auto de la Sala de Casación Social del 03 de mayo del 2.001, con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, en el Juicio de la Asamblea Legislativa del Estado Miranda en el expediente No 01107, sentencia No 042, sobre la competencia del Ministerio del Trabajo, para conocer los recursos contra las decisiones, específicamente en los casos de negativa o registros o inscripción de organizaciones sindicales, en los siguientes términos:

"Al respecto corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo (sic) conocer los recursos que puedan ejercerse (sic) contra las decisiones del Ministerio del Trabajo, específicamente en los casos de negativa de registro o inscripción de organizaciones sindicales, y de oposiciones a convocatorias para negociaciones en convenciones colectivas, en virtud del contenido de los artículos 425,465 y 519 de la Ley Orgánica del Trabajo, que expresamente indica que en estos casos  se recurrirá ante la jurisdicción contencioso-administrativa, así como ha quedado asentado por la sentencia dictada en tal sentido en fecha 9 de abril de 1992, caso Corporación Bamundi C,A, reiterada en varias ocasiones, como es el caso de Teófilo Alejandro Landáez en el expediente No 11169, sentencia 01482, con ponencia del Magistrado José Rafael Tinoco, de fecha 27 de junio del año 2.000 "

    Por todo lo anteriormente expuesto, y con base a las normas transcritas, este Despacho ratifica a los recurrentes, que al Ministerio del Trabajo, como órgano de la Administración Pública, no le está atribuida la facultad para disolver organizaciones sindicales, y en consecuencia, atender a este petitorio, implica per se la violación de normas legales, constitucionales, y hasta de orden internacional, por lo que se declara inadmisible la pretensión de solicitud de revocatoria del registro sindical. Así se decide.

TERCERO: Solicitado como ha sido por el Colegio Nacional de Bomberos que... "este Ministerio rechace en lo sucesivo cualquier solicitud de registro de organizaciones sindicales integrada por funcionarios bomberos y disuelva las organizaciones sindicales preexistentes (sic). este Despacho reitera con respecto a la solicitud de disolución de organizaciones sindicales preexistentes, lo expuesto en el punto anterior.

    Ahora bien, en cuanto a la petición de que sean rechazadas todas las solicitudes de registro sindical de bomberos, cabe destacar, en primer término, que a pesar de la distinción en diversas categorías establecidas en el artículo 55 y siguientes del Decreto No 1.533 con Fuerza de Ley de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, invocado parcialmente por el recurrente, quien indica que (...) "sólo las categorías de bomberos de carrera permanente y de bomberos asimilados^ prestan servicios remunerados al Estado, mientras que los bomberos universitarios y los voluntarios de carrera no, por lo cual, no todos los bomberos en Venezuela son trabajadores a la luz de la Lev Orgánica del Trabajo, ni se encuentran investido (sic) del mismo régimen de protección y por ende tan poco (sic) podrían adscribirse a ninguna organización sindical (Subrayado nuestro), este Despacho señala que la determinación de la existencia o no de una relación laboral, constituye una competencia exclusiva de los tribunales de la República, y no de este Ministerio.

    En todo caso, y por mandato de la Ley, debe entenderse que siempre se presumirá la existencia de una relación laboral, entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe (Artículo 65 de la LOT). en tanto que dicha prestación sea remunerada (Artículo 66 ejusdem). Es así como una vez que estando frente a una situación en la que la presunción anterior cumple  los supuestos de procedencia aludidos» y hasta tanto un pronunciamiento judicial desvirtúe la naturaleza de esa relación, cualquier solicitud de organizarse sindicalmente de parte de grupos de individuos integrantes de Cuerpos de Bomberos, no podrá ser negada en principio, en razón del contenido de la norma constitucional que establece que:

"Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses..." (Resaltado nuestro). (Artículo 95 CRBV).

    Asimismo, ante la denuncia interpuesta en la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) por la situación infringida, en lo que respecta a los derechos laborales y calificación jurídica de la labor desempeñada por los bomberos, el Comité de Libertad Sindical de este organismo, (1.997), se pronunció al respecto, y sancionó en esa oportunidad, la actitud de Gobierno Venezolano de violentar Convenios Internacionales, legítimamente suscritos y ratificados por Venezuela. Al respecto manifestó:

"El Comité desea señalar que no le corresponde determinar la legislación laboral aplicable a las distintas categorías de trabajadores y empleados públicos ni - más concretamente -  si determinadas categorías de personal deben estar regidas'o no por regímenes o estatutos particulares. Sea cual fuere la solución que se adopte al respecto, corresponde sin embargo al Comité asegurarse que los trabajadores cubiertos por los Convenios núms. 87 y 98 disfrutan de los derechos reconocidos en los mismos".(...)

(...) "En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que se mantengan en la legislación y en la práctica los derechos de sindicación y de negociación colectiva de los bomberos quedando claro que su derecho de huelga puede ser prohibido; en tal caso los trabajadores privados del derecho de huelga deben beneficiarse de garantías apropiadas destinadas a salvaguardar sus intereses;

b) la Comisión expresa la firme esperanza de que no se pronunciará la disolución de ningún sindicato de bomberos, y

c) el Comité somete este caso a la atención de la Comisión de   Expertos   en   Aplicación   de   Convenios   y Recomendaciones ". (Subrayado nuestro)

**(Esta decisión del Comité de Libertad Sindical fue posteriormente ratificada por esa instancia internacional en los Casos Nos. 1.902 y 1.952).

    De tal modo, que la posición oficial de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), tanto antes como después de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999, se ha basado en el respeto al derecho de los trabajadores que laboran en los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y de Administración de Emergencias de Carácter Civil, de ejercer su  derecho de libertad sindical, protección contra las medidas de discriminación antisindical e injerencia patronal, así como de negociación colectiva voluntaria, y en este sentido, se consagró la condena enérgica a toda restricción o limitación indebida, fundada en normativas de naturaleza legal y sublegal, en la práctica administrativa y en las decisiones judiciales; admitiéndose únicamente la prohibición del ejercicio del derecho de huelga, al encontrarse comprometida la prestación y continuidad de un servicio público esencial, cuya paralización pueda afectar la vida y salud de la población.

    Este acatamiento por parte del Ministerio del Trabajo, de los pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), se constituye en respeto al mandato consagrado en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, los cuales disponen que:

"Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos,  suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público" (Art. 23 de la C.N.R.B.) 

"Las normas de la Organización Internacional del Trabajo contenidas en la Constitución y Convenios, así como las previstas en Tratados y demás instrumentos normativos internacionales sobre relaciones de trabajo y seguridad social, ratificados por Venezuela, privarán sobre cualquier otra de rango legal, en cuanto fueren más favorables al trabajador". (Art. 5 del R.L.O.T)

    Como puede observarse, todos los elementos de argumentación anterior, orientados a salvaguardar el respeto de la Libertad Sindical como Derecho Humano; respaldan la idea de desestimar la pretensión planteada por el Colegio Nacional de Bomberos, acerca de que este Ministerio en lo sucesivo, rechace cualquier solicitud de registro de organizaciones sindícales integrada por funcionarios bomberos, y ello redunda en una necesidad de declarar esta petición como inadmisible. Así se decide.

APARTE ÚNICO: De la Cualidad para interponer el presente Recurso:

Dice el artículo 426 de la Ley Orgánica del Trabajo:

"El Inspector del Trabajo de la jurisdicción o el Inspector Nacional del Trabajo, según sea el caso, únicamente podrá abstenerse del registro de una organización sindical en los siguientes casos:

a) Si los sindicatos no tienen como objeto las finalidades previstas en los artículos 408 y 409 de esta Ley;

b) Si no se ha constituido el sindicato con el número de miembros establecidos en los artículos 417,418 y 419.

c)  Si no se acompañan los documentos exigidos en el artículo 421, o si éstos presentan alguna deficiencia u omisión; y 

 d) Si el sindicato contraviene lo establecido en el artículo 428 de esta Ley.

Llenos los extremos que se establecen para la inscripción de los sindicatos en esta Ley, las autoridades competentes del trabajo no podrán negar su registro ".

    Visto como ha sido por este Despacho, que en el caso del Registro de la Asociación Sindical Nacional de Bomberos y Bomberas Profesionales, Conexos y Afines de Venezuela (ASINBONPROVEN), hubo absoluta observancia de parte de la Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Público, en cuanto refiere a la aplicación de la norma de orden público para admitir el registro objeto de la presente impugnación, cabe entonces pasar a analizar los supuestos de procedencia o admisibilidad de la acción de recumbilidad intentada por el Colegio Nacional de Bomberos, en los siguientes términos:

    Encontramos que el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo define en su artículo 244, lo que debe entenderse como práctica o conducta antisindical, y específicamente en el literal b) se establece como tal:

"Los actos de injerencia indebida y demás prácticas desleales, entre otros, las medidas tendentes a fomentar la constitución de organizaciones sindicales de trabajadores dominadas por el empleador o a sostener económicamente o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con el objeto de controlarlas; la obtención indebida de información sobre el programa de acción del empleador o del sindicato, y la negativa injustificada a negociar colectivamente o la obstrucción de este proceso^. (Subrayado nuestro)

    Así entonces, dentro de lo que comprende el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Trabajo referido al Registro de Organizaciones Sindicales, se entiende que el grupo de trabajadores interesados, constituyen la parte legitimada para ejercer cualquier reclamo ante la abstención del registro solicitado ante la autoridad del trabajo; y en este único sentido contempla la Ley referida, en el artículo 425, al establecer que una vez que la junta directiva que representa a los trabajadores apoyantes de la organización sindical en proyecto, haya sido notificada de la decisión del Inspector del Trabajo competente, podrá recurrir de la misma por ante el Ministro del ramo, y la decisión de éste para ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, ambas dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del acto respectivo.

    Como puede observarse, el legislador laboral no prevé la intervención de terceros en este procedimiento, (ni patrono, ni particulares u otras organizaciones sindícales o sujetos colectivos) y siendo que las normas recogidas en esta Ley Orgánica gozan de rango de orden público, su aplicación no se encuentra sujeta a la libertad del intérprete. De esta forma, si bien la norma no prevé la posibilidad de trasladar la legitimidad activa para recurrir del registro de una organización sindical, sino que reserva tal cualidad a los miembros de la junta directiva presentantes del sindicato, a quienes les fue denegado el registro del mismo, no puede, en consecuencia, este Despacho pasar a decidir contrariamente a lo establecido por el legislador laboral, y es así como en el caso que nos ocupa, el Colegio Nacional de Bomberos, por constituir un sujeto colectivo distinto al que refiere la norma in comento, carece, pues de cualidad o legitimidad activa para interponer el presente Recurso Jerárquico en contra del acto administrativo que ordena el registro de la organización sindical ASOCIACIÓN SINDICAL NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS PROFESIONALES, CONEXOS Y AFINES DE VENEZUELA (ASINBOMPROVEN), dictado por la Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Público, en fecha 04 de julio del 2.002, constituyéndose dentro de un supuesto de injerencia indebida, atentatoria del principio de Libertad Sindical que rige el registro de cualquier organización sindical, y frente a la cual este Ministerio no puede hacer menos que desestimar la acción intentada por este colegio, pues de admitir su participación o injerencia, estaría al mismo tiempo contraviniendo no sólo normas de orden público, sino normas recogidas en convenios internacionales suscritos por nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo. Así se decide.  

III

    Por las razonas antes expuestas, este Despacho declara INADMISIBLE el Recurso Jerárquico interpuesto por el Presidente del Colegio Nacional de Bomberos de Venezuela, en contra del acto administrativo de fecha 04 de julio del 2.002, dictado por la Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos de Trabajo del Sector Público, que ordena el registro de ASOCIACIÓN SINDICAL NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS PROFESIONALES,   CONEXOS  Y  A FINES  DE  VENEZUELA (ASINBOMPROVEN), Así se declara.

Notifíquese a las partes. Bájese el expediente

 

 

  Volver